Empañado, opaco, sombrío, sucio, turbio, confuso, impenetrable, oscuro, ambiguo. Son algunos antónimos de transparente. ¿Sinónimos?: cristalino, diáfano, límpido, claro, traslúcido, evidente. Entre unos y otros conceptos navega como un fantasma el de corrupción cuando las referencias son hacia los manejos de las estructuras del Estado. Hoy a nivel nacional se está discutiendo en el Congreso una ley de Acceso a la Información Pública, con la intención de tratar de dotar de mayor transparencia los manejos de la cosa pública. O bien de darle más institucionalidad a la ciudadanía, como dicen algunos parlamentarios convencidos de que la iniciativa está marcada por el cambio de los tiempos políticos. Tiene por objetivo garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública; según reza el proyecto.

En el fondo, lo que está reflejando es que los controles institucionales vienen fallando en el país y que, por ende, la corrupción está ganando la batalla a la sombra de las debilidades que ofrece el sistema y que son bien aprovechadas por unos cuantos. Que el Estado se vea en la obligación de entregar documentación al ciudadano es una forma de decirle a los funcionarios que tienen que ir más por el sendero de los sinónimos que por el de los antónimos de la transparencia. Mayor honestidad y prolijidad.

Sin embargo, no es suficiente que toda acción pública sea exigible y deba ser divulgada -como apunta el proyecto que fue reenviado del Senado a Diputados-, porque hay deficiencias a corregir en cómo se difunde la información que resulta de las acciones de los hombres y mujeres que tienen distintos grados jerárquicos de responsabilidad en la estructura del Estado. No basta con publicar o decir, hay que prestar atención a cómo se lo publica y qué es lo que se dice. O lo que no se dice y se oculta.

Una diferencia de 284

Veamos, por ejemplo, un caso en particular. En el Boletín Oficial de la Provincia del martes último (número 28832) se publicó el siguiente decreto sintetizado: Decreto 41/1, del 29/10/2015. Nómbrase, a partir de la fecha, Asesor (Ad-Honorem) del Poder Ejecutivo (con rango de Ministro), al CPN José Jorge Alperovich. Veintidós palabras, una abreviatura y cinco números. Entre lo que dice esta síntesis y lo que señala realmente esa medida hay una diferencia de 284 palabras. Institucionalmente demasiadas, la situación habla más de secretismo, de ocultamiento, no exentos de vergüenza.

Son muchas las ausentes entre el decreto sintetizado de la versión electrónica y de papel y la copia fiel de la decisión interna del Poder Ejecutivo, donde se pueden leer 306 conceptos en total. Tal vez obedezca a una economía administrativa, a una forma oficial de comunicar y de difundir las resoluciones internas del Estado. Lo que expone es la ausencia de los considerandos y de las disposiciones particulares, puntualmente en ese decreto polémico. La vocación de transparencia no dice presente en estas formas legales. Máxime si se considera que desde el Ejecutivo se decidió que se publicara 313 días después de haberse firmado -el 29 de octubre de 2015- y no porque precisamente se quiso que se conociera o porque se haya resuelto remediar un olvido lamentable.

Manzur firmó, desde que asumió y hasta el 30 de diciembre del año pasado, 876 decretos; y todos se publicaron sintetizados en el Boletín Oficial, menos el 41/1. Justo ese. ¿Casualidad? Guardarlo, evitar que salga a la luz, mantenerlo en secreto fue la voluntad inicial; se consideró mejor ir por el camino de aquellos antónimos. Nada de claridad y limpieza; todo oscuro.

¿Qué tiene de malo que Alperovich sea asesor del PE y a la vez senador de la Provincia? Algo debe tener de inconveniente, porque sino el mismo Gobierno lo hubiese mandado a publicar en su momento. Unos cuantos resolvieron que había que mantenerlo lejos de los ojos curiosos, cual si fuera un acto prohibido. Una acción que no podía confesarse. Pecaminosa. Existe la obligación de publicar las medidas que adopta el Estado, pero en este caso se obvió ese paso. La ley de acceso a la información pública tal vez revea esa necesidad de ocultamiento; y hasta evite que se tomen medidas que avergüencen.

De todas formas, harán falta medidas complementarias para que la información se conozca completa, y no quede reducida a 22 palabras, una abreviatura y cinco números. En el Boletín Oficial se han incorporado anexos de decretos que pueden abrirse para conocer de qué se tratan y a quiénes benefician las resoluciones del Ejecutivo. Un paso adelante, pero el camino todavía es largo, y pedregoso.

Porque, así como en el polémico decreto 41/1, pareciera que algunas veces se benefician a los “amigos del poder”, cuyos nombres, o bien las razones de las ayudas económicas que se dispensan, permanecen a buen resguardo; cual si fuese algo turbio.

Ejemplo: se otorgan subsidios de varios miles de pesos a organizaciones; lo que aparece en los decretos sintetizados, pero con la faltante de los considerandos para saber de qué se trata. Debe añadirse que tampoco se publican las solicitudes que le hacen llegar al Ejecutivo para reclamar esas ayudas. En algunos casos, los pedidos son para cubrir gastos en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Una fiesta que pagan todos los tucumanos.

Pensar honesto

El libre acceso a la información pública puede ayudar a evitar estos deslices, a obligar a los funcionarios que repiensen algunas acciones y que no se aprovechen de los recursos del Estado para beneficiar a los conocidos y amigos; puede abrir paso a la honestidad para evitar la corrupción en la administración de la cosa pública. El control masivo de la ciudadanía será útil; pero al sistema de comunicación y de publicidad de los actos de Gobierno habrá que mejorarlo.

No faltan los casos curiosos de comunicación y no publicación de actos de Gobierno. Hay un decreto secreto en Yerba Buena, el 009 del 11 de enero de 2016; deslizó un dirigente de esa ciudad. Tras las consultas de rigor en la Municipalidad de la Ciudad Jardín -y las correspondientes respuestas de la intendencia a las preguntas- se observa que los últimos artículos de algunos decretos difieren en una palabra: publíquese. En el 009 el artículo 5 dice expresamente “comuníquese, regístrese en el libro único de decretos y archívese”; lo que podría llevar a sospechar sobre la existencia de algo secreto, como lo planteó el denunciante.

La respuesta oficial fue, a manera de ejemplo, que en otro decreto -como el 533 del 29 de junio de 2016- el artículo 3 dice “comuníquese, publíquese, regístrese en el libro único de decretos y archívese”. Una palabra de diferencia, una forma de comunicar que llama la atención, y obliga a desconfiar. Los decretos de promulgación no se publican, se indicó desde el municipio. Todo bien, pero hay mucho por hacer aun en materia de transparencia y de acceso a la información pública, especialmente en la legislación sobre la forma de comunicar y de publicar las acciones del Estado, para evitar las suspicacias y las sospechas de que algo raro sucede en la ausencia de palabras.

Y políticamente, ¿qué pasó con el decreto 41/1? Lo primero a considerar es que cuando se decidió avanzar con esta decisión quien conducía el espacio oficialista era Alperovich; por lo tanto, que no se supiese de la existencia de esta norma dependía de su voluntad. Si se mantuvo en secreto, escondido, es porque así se decidió al amparo del esquema de poder político de entonces. Alguien podría decir que en términos políticos se equivocó, por cuanto le convenía al senador que se señalase que seguía siendo jefe del espacio. Obligar a Manzur y a Jaldo a rubricar su designación era una ratificación de esa condición.

Sin embargo, ¿qué es lo que avergonzaba y obligaba a la autocensura para no dar a publicar la resolución? La respuesta está oculta en las 284 palabras que no aparecen en la versión digital y de papel del Boletín Oficial, y que refieren a los considerandos y a las disposiciones especiales. Ahora bien, ¿se debilitó políticamente Alperovich como para que desde el PE le falten el respeto y publiquen un decreto que lo perjudica? ¿Se quiere mostrar que no es el que conduce en el oficialismo? ¿Se quiere afectar al senador en la futura pelea por la conducción del peronismo?

Da para hacer cualquier lectura; desde el PJ -por ejemplo- se deslizó que Pablo Yedlin cometió un error táctico al dar a conocer el decreto. Para algunos debió seguir por el camino de los antónimos, manteniendo bajo la sombra la designación del ex gobernador. O sea, transparencia cero. Todos deben mirarse con desconfianza ahora en el oficialismo; después de esta situación todos son sospechosos de intereses ocultos.

El secretario general de la Gobernación actuó como corresponde ante una requisitoria para conocer el decreto; en el marco de la movida nacional por garantizar el efectivo acceso ciudadano a la información pública. Nada más que lo hizo casi un año tarde. Si todo hubiese ido por los carriles normales, se publicaba el decreto y todos quedaban actuando bajo la ley. Pero se prefirió el atajo que genera dudas. Conductas que generan rechazo y que obligan a hablar de avanzar en un proceso de transparencia en la acción pública.

Extraños hábitos

Rarezas de la política y curiosidades que ofrece la realidad. Como por ejemplo, que en la sede del PJ, en su teatro, haya subido a escena este fin de semana “Extraños hábitos”, y que su protagonista, José Quiroga, dijera que es una obra de enredos y confusiones donde pasa de todo, con gente que entra y sale por distintas puertas sin verse entre ellos, y con un toque de la picaresca argentina. Parece que hablase del decreto 41/1 o de los segundos “perdidos” de publicidad que ahora deberá pagar el Partido Justicialista a Canal 10. Pero no, en el fondo se trata de otra cosa.